El Estado español a través de la mesa del Congreso ha decidido suspender -el último día de campaña- a los diputados presos, tal como recomendaba el informe jurídico de los letrados de la cámara baja. En este informe se avala la suspensión de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez - que el pasado martes tomaron posesiones de sus cargos-, bajo el amparo del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LECrim).
El documento establece que "corresponde a la mesa declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo" los diputados presos, y que ha de señalar "el alcance de esta suspensión".
La mesa, de hecho, ya dijo que haría caso de lo que recomendaran los letrados del Congreso. Sin embargo, el diputado de En Común Podemos Gerardo Pisarello, secretario primero de la mesa, declaró que su partido se ha opuesto a la suspensión porque hacen una lectura garantista del reglamento del Congreso. Por ello, el partido liderado por Pablo Iglesias ha solicitado a la mesa más tiempo para analizar la situación, ya que, según han esgrimido, no se ha garantizado la posibilidad de estudiar el informe.
En una rueda de prensa posterior al anuncio de Batet, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha justificado el voto en contra porque es una cuestión que "no tiene precedentes en la historia" del Congreso y, por tanto, la debería haber asumido el Tribunal Supremo. Sin embargo, y pese a ser críticos con la decisión de la mesa, no consideran que la suspensión tenga que afectar a las negociaciones que está habiendo para orientar un gobierno de coalición con el PSOE.
Mientras que, la presidenta de la mesa ha justificado la decisión de suspensión por ser "la más prudente y la más garantista". Decisión que se ha "inspirado en las recomendaciones de los servicios jurídicos de la cámara baja, tomada desde la "máxima seguridad jurídica" y en ningún caso, ha dicho, con carácter político. La suspensión tiene caracter retroactivo al 21 de mayo, es decir, desde el mismo día en que tomaron posesión del cargo.
Ahora, la mesa comunicará el acuerdo a los Presos Políticos, así como al Tribunal Supremo. E instó a la Secretaría General a "la adopción de las medidas convenientes" para la "debida ejecución" de la suspensión. Asimismo, y respecto de la alteración de las mayorías, la mesa ha encargado un nuevo informe a los servicios jurídicos para que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías.
Respecto a los grupos parlamentarios, la presidenta del Congreso ha dicho que habrá que actuar caso por caso. "En el caso de Juntos por Cataluña, los requisitos para tener grupo parlamentario propio ya no se daban desde el inicio", ha apuntado la presidenta del Congreso, que se negó a anticipar decisiones judiciales del Tribunal Supremo en relación a los diputados en prisión preventiva.
Consecuencias de la suspensión
De la suspensión se derivan dos consecuencias a corto y medio plazo, y una tercera de la que nadie pretende decir ni una sola palabra. La suspención de los derechos de 1.512.993 votantes. La primera derivada de suspender a los Presos Políticos es la alteración de la propia representación de la cámara, que se quedaría con 346 diputados en vez de 350. Esta nueva arbitrariedad sería favorable para Pedro Sánchez, ya que la mayoría para ser investido sería de 174 votos a favor y no de 176, con lo cual podría ser elegido sin necesitar una abstención de los independentistas. Los independentistas deberían decidir si dejan vacíos los sitios o, por el contrario, hace correr la lista.
Por otra parte, se vislumbra una consecuencia a medio plazo, sobre el hecho de que las acusaciones en el juicio del 1-O al Tribunal Supremo pudieran retirar la rebelión en sus conclusiones finales. A partir del día 3 de junio, el alto tribunal tiene previsto iniciar la fase de conclusiones, en el que las partes se ratificarán o modificarán los delitos por los que acusan.
En este punto, si la Fiscalía y la Acusación del Estado decidieran no mantener el delito de rebelión -aunque la acusación popular de Vox se afermés-, el gobierno del estado podría verse inmerso en una nueva polémica, ya que lo que priva a los presos diputados de poder ejercer sus derechos políticos es, principalmente, el procesamiento por rebelión.
¿Sólo es la 'suspensión de derechos de los Presos Políticos'?
La tercera consecuencia de la suspención está detrás de una cuestión semántica. Y allí se esconde algo más e inalienable. Mientras nos han mareado con el baile de la patata caliente, entre el Tribunal Supremo del reino de España y su Congreso de los Diputados hasta llegar hoy a suspender a los Presos Políticos -suspencion anticonstitucional amañada a un atículo que per se es por demás de claro-, se esconde algo más: los derechos de las voluntades populares.
Unas elecciones son un proceso que va en dos direcciones. Siempre. Por un lado hay unas personas, los diputados, que son elegidas con el voto popular para representar una porción de la población, según su afinidad ideológica o el interés por su programa. Pero, en la decisión, cuentan las otras personas, todas aquellas que deciden ser representadas por alguien en concreto y se organizan para conseguirlo. Uno las representa y las demás lo hacen representante. Un proceso que no se puede hacer sin ambas partes.
En este sentido, la decisión de suspender los derechos de los cuatro diputados independentistas tiene una consecuencia que no se puede eludir. Cuando se hacen estas suspensiones, también se suspende el derecho de 1.512.993 votantes de elegir quién los representa. Son 1.512.993 suspendidos. Una situación que no puede sino considerarse como una alteración gravísima del proceso electoral, si tenemos en cuenta que estas personas devenidas parlamentarios han sido autorizadas a participar en el proceso electoral por las mismas autoridades que ahora han impedido que ejerzan sus derechos. Los han silenciado.
Fuentes: VillaWeb/El Nacional/Redcom/Tribunal Contistucional/NaciòDigital/
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